AZUA.-El río Las Cuevas, que divide los municipios de Guayabal y Padre las Casas, está siendo impactado de manera indiscriminada con la extracción de materiales y las operaciones de tratamiento de asfalto.
La denuncia la hicieron residentes y líderes comunitarios del lugar, quienes piden el retiro de la constructora Malespín, que es la empresa que opera allí.
“Cuando ese río se desbordaba nos mantenía incomunicados por meses y los muchachos se lanzaban desde las piedras confiados en la profundidad de las aguas, todo eso desapareció desde que se instaló esa grancera hace ya casi diez años”, afirma Germán Corcino, residente.
Acusaron a la empresa de haber ocupado el lugar con el objetivo de la construcción de la carretera que conduce del municipio Padre Las Casas a Guayabal, pero que tras los trabajos de la misma, permanecen extrayendo agregados en perjuicio del acuífero.
En el lugar operan equipos pesados y permanecen en la calzada asfalto fresco en forma de gotas similar al que desprenden los camiones al pasar por la vía.
Las aguas del río distan de ser caudalosas, a pesar de la extensión de su lecho.
EL DÍA procuró obtener los permisos ambientales tanto en el Ministerio de Medio Ambiente y de las oficinas de la citada empresa en Santo Domingo, aunque sin resultados favorables.
Lucha por carretera
“Hace ocho o diez años nos ofrecieron instalar la grancera con el propósito de utilizar el material del río para el asfaltado”, comentó Miguel Martínez, comunitario, al agregar que la construcción fue excesivamente lenta, pero que los trabajos de extracción en el río nunca se detuvieron.
“Los políticos de aquí han vendido a la gente la idea de río por asfalto. Las operaciones de la empresa fueron detenidas en la gestión de Francisco Domínguez Brito, pero reanudadas tan pronto salió de Medio Ambiente”, aseguró Francis Vicente, otro de las denunciantes.
De manera colectiva, entienden que como ya se cumplió con el objetivo inicial de la construcción de la carretera, la empresa debe abandonar el lugar.
Conflictos judiciales
Fruto del conflicto, el comunicador Diomelo Martínez, que es originario de la comunidad, fue demandado en el año 2016.
Martínez informó que hasta la fecha se desconoce el trato al que arribó el gobierno central con dicha constructora.
“Ponemos en alerta a la sociedad dominicana para que nos ayuden a detener ya ese crimen de depredación del río Las Cuevas”, declaró Martínez.
— Garantía
La Ley de Medio Ambiente establece que en las cuencas hidrográficas usadas para abastecimiento público, se establecerán restricciones de uso para garantizar e incrementar la cantidad de las aguas.
Tomado de https://eldia.com.do
